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QUE FUE EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

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LOS GRUPOS PARAMILITARES 


La estrategia del Estado colombiano de formar, entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que considera sus enemigos no es reciente.


 Según Daniel García-Peña Jaramillo, las raíces del paramilitarismo se encuentran en la vieja práctica de las elites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado.


 Los antecedentes más cercanos se encuentran en los grupos que surgieron en la violencia de los años cuarenta y cincuenta … (cuando) … Grupos privados, como los denominados Pájaros, operaron con el apoyo y la complicidad de las autoridades. 


Tal fue el caso de la organización paramilitar La Chulavita, destinada a eliminar a los liberales. 

QUE FUE EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA


En los sesenta, se estableció el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las fuerzas armadas, mediante el decreto legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la ley 48 de 1968.  


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Después se expidió la Resolución 005 por medio de la cual se aprobó el llamado “Reglamento de Combate de Contraguerrillas”. 


Para ese entonces se recomendó desde Estados Unidos “Si una guerra limitada convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos”.


El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento.


Para profundizar mas en la tematica Mapa conceptual 

QUE FUE EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA


En los años ochenta, en el contexto de la política de paz impulsada por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las organizaciones subversivas y desde su perspectiva ideológica e intereses se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento y para ello impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente, entre ellos: Muerte a Secuestradores (MAS), Movimiento Anticomunista Colombiano, entre los más conocidos.


En este ambiente fueron incrementadas las organizaciones paramilitares, como complemento a la lucha antisubversiva, hasta convertirse en la principal estrategia del Estado colombiano en ese sentido, cuando esas organizaciones, entre 1996 y 1997, se aglutinaron en torno a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Carlos Castaño Gil. 


QUE FUE EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

Un balance general del desarrollo del paramilitarismo de los años comprendidos entre 1979 y 1994, afirma Carlos Medina Gallego, refleja la persecución sistemática, el hostigamiento, la detención arbitraria, la práctica de la tortura y la realización de consejos verbales de guerra que caracterizaron la administración del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982). De ahí se pasó a la utilización de la amenaza, el asesinato selectivo y las masacres, durante la administración Betancur Cuartas. 


Luego se llegó a las prácticas de la violencia expresada en detención-desaparición, y masacres colectivas que caracterizaron las administraciones de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y César Gaviria Trujillo (1990-1994), según Medina Gallego. 


En la primera parte de los años ochenta las organizaciones paramilitares fueron la respuesta de los narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión, luego evolucionaron hacia un proyecto político, militar y social con la colaboración y complacencia de las fuerzas armadas.


el paramilitarismo en colombia

Los militares colombianos cambiaron de ese modo la estrategia contrainsurgente, delegaron en los paramilitares “el trabajo sucio” de eliminar a trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes sindicales de izquierda, por ser, supuestamente, guerrilleros de civil que habían infiltrado las organizaciones sindicales, políticas, la iglesia, los gremios y las mismas instituciones estatales. 


En esta guerra no convencional se registraron los genocidios, las masacres, las detenciones-desapariciones, las eliminaciones selectivas, individuales y colectivas y la limpieza social (delincuentes comunes, drogadictos, homosexuales).


Durante la gestión de Barco Vargas fueron identificadas cerca de 200 organizaciones paramilitares. Durante esta misma administración, en 1988, el gobierno declaró ilegales a las autodefensas y estableció la tipificación de la conformación de éstas como conducta punible, mediante los decretos 813, 814 y 815.


Por su parte, Gaviria Trujillo le declaró la “guerra integral” a la subversión, no al paramilitarismo. El presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998), por medio de su ministro de defensa, Fernando Botero Zea, impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, “Convivir”, como una forma de regularizar el paramilitarismo, las Convivir tuvieron su respaldo legal en los Decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994 con la función de contribuir con labores de inteligencia para las fuerzas armadas y, declaradas inexequibles en 1999, el Estado no recuperó las armas y sus miembros se emplearon a ganaderos y narcotraficantes. Las Convivir, tuvieron su principal epicentro en el Departamento de Antioquia, donde fungía como gobernador Álvaro Uribe Vélez.


Mientras se adelantaban los diálogos de paz entre el gobierno de Pastrana Arango y las FARC, en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, a los cuales se opuso tenazmente Uribe Vélez y las AUC; el 23 de julio de 2001, en Santa Fe de Ralito, Departamento de Córdoba, se firmó un documento entre los líderes de las AUC y un grupo de 32 políticos, la mayoría de ellos de filiación conservadora, cuyos postulados hablan de “refundar la patria” y “firmar un nuevo contrato social”


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La expansión del paramilitarismo 


Rafael García, Jefe de Informática del DAS, en abril de 2006 denunció que esa organización estaba al servicio de los paramilitares. Desde noviembre de 2006, en Colombia empezó a hacerse, parcialmente público, el escándalo referido a las relaciones de políticos, empresarios, terratenientes, religiosos, industriales, comerciantes, comunicadores, organismos de seguridad del Estado y militares con las AUC, conocidas como paramilitares. Tal fenómeno se conoce como el escándalo de la parapolítica.

El paramilitarismo en colombia


 La expansión del paramilitarismo en Colombia tuvo varias vías. La adelantada por las propias instituciones y estamentos que lo crearon, la propiciada a raíz de la indiferencia de los distintos gobiernos nacionales frente a tal fenómeno, la liderada por gobernadores a través de organizaciones de apariencia legal como fueron las Convivir y la implementada por narcotraficantes consistente en formar grupos armados para su servicio los cuales fueron incorporados al paramilitarismo, incluso comprándole franquicias a éste para evadir de ese modo la acción de la justicia nacional e internacional.


El copamiento fue tan elemental como brutal. El paramilitarismo impuso alcaldes, gobernadores y presidente de la república. En los dos primeros casos, eliminó a los contendientes de sus candidatos, amenazó, humilló y castigó a la población en caso de no votar por sus candidatos.


 Cuando los resultados fueron adversos, corrompieron a las autoridades electorales y, si esta tercera opción fallaba, eliminaban al gobernador o alcalde elegido. En el segundo de los casos, es un hecho reconocido el fraude electoral en zonas de dominio paramilitar a favor del entonces candidato Uribe Vélez. 

QUE FUE EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

La desmovilización de los grupos paramilitares 


El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, se desarrolló a partir del año 2002, durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. 


En una carta pública enviada al presidente, las AUC declararon un cese de hostilidades nacional a partir del primero de diciembre de ese año, cumpliendo así con el requisito del gobierno nacional para el inicio de conversaciones.


Meses después, y después de varias reuniones durante esta fase exploratoria, el 15 de julio de 2003, en Tierralta (Córdoba), el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión, delegados de la Iglesia Católica y los representantes de las Autodefensas suscribieron el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, a través del cual el gobierno y las AUC acordaron iniciar la etapa de negociación, afirmando que el propósito de este proceso es “el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado”. 

QUE FUE EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

En el acuerdo de Ralito, las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometieron a desmovilizar a la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005, en un proceso gradual que comenzó con la desmovilización el 25 de noviembre de 2003 del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín. 


Tiempo después, el 10 de diciembre de 2004, se produjo una de las entregas más importantes: la del Bloque Catatumbo, en la cual se desmovilizó Salvatore Mancuso. Los desarmes colectivos se extendieron hasta agosto de 2006.


Después del periodo de desarme de las AUC, los jefes desmovilizados fueron recluidos en el centro especial de La Ceja, Antioquia, y posteriormente fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagui, del mismo departamento. Posterior al desarme de las AUC, el 13 de mayo de 2008, en un operativo sorpresa, fueron extraditados a los Estados Unidos 14 jefes de las AUC que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz.


 El gobierno argumentó que los exparamilitares incumplieron los requerimientos del proceso, principalmente porque seguían delinquiendo desde la cárcel.


Progresivamente, y hasta hoy bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos, es la definición criminal del paramilitarismo la que parece haberse impuesto. Paradójicamente, esta visión es imputable al gobierno de Álvaro Uribe que durante años anteriores intentó promover una acepción política de estos grupos, vehiculando así una cierta legitimación de su accionar violento.


Empero, frente a la pérdida de legitimidad de las instituciones, acusadas de estar “capturadas” por el “poder paramilitar”, el gobierno uribista escenificó el presunto fin del paramilitarismo, primero con el argumento de la desmovilización, luego con el de la extradición. 


La denuncia de las prácticas criminales de estos grupos se convirtió para el gobierno en un recurso político que le permitió tratar de consolidar su posición interna de poder y credibilidad en las esferas internacionales. 


Esto le posibilitó en cierta medida sortear la crisis sin sufrir las consecuencias de haber gobernado con una bancada parlamentaria altamente influenciada por actores criminales. 


Con la extradición de los jefes paramilitares, el poder ejecutivo trató de limpiar su imagen e intentó posicionarse como el arquitecto del desmantelamiento del paramilitarismo, un fenómeno que fue mostrado, en el discurso oficial, como si estuviese relegado al pasado.


Referencias bibliográficas 


Grajales, J. (2011). El proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia: entre lo político y lo judicial. Desafíos, 23(2), 149-194. Obtenido de https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01316071/document

Velásquez, E. d. (2007). Historia del paramilitarismo en Colombia. HISTÓRIA, 26(1), 134-153. Obtenido de https://www.scielo.br/pdf/his/v26n1/a11v26n1.pdf



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